Causas - hace 4 semanas

DESPUÉS DE LA OCTAVA JORNADA DEL JUICIO A MARCOS BAZAN LA DEFENSA DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS, RECUSO A LOS JUECES DEL TRIBUNAL 7 DE LOMAS



Ya era imposible ejercer la defensa en las condiciones de desigualdad que nos impone el TC 7.
Y por lo tanto la Defensa resolvió Recusar al Tribunal.
Es una jugada arriesgada, pero no quedaba otro camino.
Si Bazan sigue con estos Jueces ira a una condena segura.
De manera que el riesgo vale la pena. Estos tipos representan lo peor del Estado frente a los más débiles.
A quienes les interese acá adjuntamos el escrito de Recusación.

PROMUEVE INCIDENTE DE RECUSACIÓN.-

Excmo. Tribunal:
                               María del Rosario Fernández, abogada, inscripta al T XXI F 469, C.A.L.Z. y Eduardo Néstor Soares, abogado, inscripto al T XVI F 67, C.A.S.I., ambos con domicilio procesal y electrónico constituido en la causa 49.707/17 seguida contra Marcos Esteban Bazán y Otro por el delito homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género, al Excmo. Tribunales decimos:

1.-) OBJETO:
Concurrimos a vuestros  estrados, a fin de promover incidente de recusación respecto de  V.V.E.E., a saber, Dr. Roberto Lugones, Dr. Roberto Conti y Dra. Elisa Beatriz López Moyano. Ello en los términos del artículo 47 inciso 13 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.  Indicamos en el presente escrito los motivos en que nos  basamos y los elementos de prueba que lo corroboran, dando así cumplimiento a los requerimientos del art. 50 del mismo ordenamiento.

2.-)  LAS CAUSALES DE RECUSACION

A. Las causales de recusación en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires Según estipula el art. 47 del CPPBA,  serán motivos de Excusación.- El Juez deberá excusarse cuando exista alguno de los siguientes motivos: 13.- Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.
Conforme se demostrará a lo largo del presente escrito, V.V.E.E. han demostrado a lo largo de las ocho jornadas de debate vuestra parcialidad.

B. Consideraciones generales sobre el bien protegido por la recusación: la imparcialidad como atributo esencial de la jurisdicción y exigencia fundamental de la jurisdicción
1.-En los casos en que, por distintos factores, se encuentre comprometida la imparcialidad e independencia de los Sres. magistrados  debe resolverse su apartamiento del juzgamiento  de la causa en cuestión. Como se demostrará más adelante, tales circunstancias se verifican en la presente causa, lo que hace jurídicamente imposible la continuación del debate en cabeza de los Jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7. No podría ser otra la solución, a riesgo de violentar los más elementales principios del debido proceso y de la defensa en juicio. La garantía de la imparcialidad del juez fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señalar que “…no es dudoso que las cuestiones de recusación se vinculan con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio…” (Fallos: 198:78 y 257:132, entre otros).
En tiempos más recientes, ha sostenido el Alto Tribunal que “…si bien una reiterada jurisprudencia de esta Corte declara insuceptibles de recurso extraordinario las decisiones que versan sobre la recusación de los jueces, puede, en caso de rigurosa excepción, existir razón valedera que justifique apartarse de tal regla si de los antecedentes de la causa surge que el ejercicio imparcial de la administración de justicia se encuentra tan severamente cuestionado que el derecho de defensa comprometido exige una consideración inmediata en tanto constituye la única oportunidad para su adecuada tutela…” (Fallos: 306:1392 y 316:826).
2. A partir de la reforma de 1994, que receptó constitucionalmente una serie de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, otorgándole similar jerarquía (art. 75, inciso 22), aquel principio adquirió de modo expreso la calidad de garantía constitucional. En efecto, el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que : Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para… el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. De manera análoga, el art. 26, 2º párrafo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prescribe que :  Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial… por tribunales anteriormente establecidos… Por su parte, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que …toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella… Finalmente, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa que toda persona tendrá derecho a ser oída y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella… La Corte Interamericana ha señalado que el art. 8 reconoce el “debido proceso legal”, definiéndolo como las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de los derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial. Es un concepto aplicable a todas las garantías judiciales protegidas en la convención (Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987. Serie A. Nº 9, párr. 29).
3. Sentado lo expuesto, corresponde definir el concepto de “imparcialidad del juez” y, luego de ello, determinar en qué supuestos debe considerarse violada dicha garantía.
Ha sostenido el Tribunal Constitucional español…que la exigencia de juez imparcial o neutral, correlato en el concreto proceso de la independencia que se predica del juez en tanto que miembro del Poder Judicial, es la primera garantía de todo ciudadano justiciable. Sin ella no puede hablarse, en rigor, de jurisdicción. Sólo quien sea tercero extraño, respecto del proceso o causa, puede asumir la función jurisdiccional, precisamente porque se halla supra partes, porque le es indiferente, jurídicamente hablando, el resultado de la controversia (cfr. Sala: Pleno, Sentencia del 17/3/01, referencia 69/2001, ponente don Guillermo Jiménez Sánchez, publicación BOE: 20010406 [BOE NÚM. 83]). Agregó el miembro informante, en el precedente mencionado en el párrafo anterior, que …cualquiera sea su encuadramiento constitucional y su razón de ser, lo incuestionable es que la imparcialidad del juez es un derecho fundamental de quien es parte en un proceso y, muy singularmente, de quien asume la condición de acusado en el proceso penal…
4. Eduardo J. Couture, en su trabajo “El ‘Debido Proceso’ como Tutela de los Derechos Humanos” (publicado originalmente en “La Ley”, T. 72, pág. 802, Sección Doctrina, año 1953, vuelto a publicar en “Paginas de Ayer”, pág. 1, año 5, nº8, septiembre de 2004), cita las palabras vertidas por Calamandrei en el Congreso de Derecho Procesal Civil, celebrado en la ciudad de Viena en octubre de 1953, al referirse a los lazos que unen el derecho procesal con el derecho constitucional. Sostuvo Calamandrei: todas las libertades son vanas si no se pueden reivindicar y defender en juicio y si el ordenamiento de este juicio no se funda en el respeto de la persona humana, el cual reconoce en cada hombre una conciencia libre, sólo responsable ante sí misma y, por esto inviolable. Sobre la base de estos conceptos, al abordar Couture la inconstitucionalidad por inidoneidad del juez, finaliza diciendo la siguiente frase de Calamandrei: “todas las libertades son vanas si no se pueden reivindicar y defender en juicio; si el individuo no encuentra ante sí jueces capaces de darle la razón”. Destaca el maestro uruguayo que la Suprema Corte de los Estados Unidos sostuvo que es garantía fundamental la existencia de un tribunal “competente e imparcial” (“Jordan v. Massachussets”, 255 U.S. 167, 176 -1912). Julio Maier (cfr. “Derecho Procesal Penal”, T. I, pág. 739 y sgts., ed. Del Puerto 1996) señala que “…la palabra ‘juez’ no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el calificativo de ‘imparcial’. De otro modo: el adjetivo ‘imparcial’ integra hoy, desde un punto de vista material el concepto de ‘juez’, cuando se lo refiere a la descripción de la actividad concreta que le es encomendada a quien juzga y no tan sólo a las condiciones formales que, para cumplir esa función pública, el cargo -permanente o accidental requiere…”. Agrega, que “…el sustantivo imparcial refiere, directamente, por su origen etimológico (in-partial), a aquel que no es parte en un asunto que debe decidir, esto es, que lo ataca sin interés personal alguno. Por otra parte, el concepto refiere, semánticamente, a la ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o de la materia acerca de las cuales debe decidir…” En ese sentido destaca Maier (ob. cit. pág. 742) que “…es preciso no confundir el atributo y su portador: no se trata aquí de reglas ‘de los jueces’ (privilegios), comprendidos en esa corporación una serie de personas con determinados atributos, sino, por el contrario, de reglas de garantía ‘del justiciable’, necesitadas quizás de apoyo institucional y, por ello, clasificadas aquí -más o menos arbitrariamente- por su referencia a la organización judicial, pero sin perder de vista su naturaleza de garantía individual de un Estado de Derecho. En tanto  garantías del justiciable, esas reglas gozan de todas las características que hemos adosado a la categoría: otra vez resulta imprescindible alertar contra la utilización y aplicación en contra del imputado…”. Acerca de la forma en que se logra la imparcialidad, señala el autor (ob. cit., pág. 752) que no es positivamente -como la independencia-, sino de manera negativa “…excluyendo del caso al juez que no garantiza suficientemente la objetividad de su criterio frente a él”. (la negrita me pertenece).No se trata de establecer criterios generales sino “de la relación específica de la persona física encargada de juzgar con el caso concreto sometido a juicio…”. Jorge A. Clariá Olmedo (“Derecho Procesal Penal”, T. II, pág. 241), enseña que “… a pesar de ser competente el juez que interviene en la causa, otras circunstancias de carácter particular y concreto pueden mediar para apartarlo de ella ante la existencia de sospecha de parcialidad. La sospecha ha de fundarse en hechos concretos y relativos a la causa misma en cualquiera de sus aspectos; y esos hechos o circunstancias han de actuar como índices de un peligro para la recta administración de la justicia frente al caso particular, sea que pueda afectarse un interés público o un interés privado comprometido en el proceso…”. Indica que “…razones de cierta importancia, que las leyes procesales suelen enumerar con pretensión de agotarlas, pueden influir decisivamente en el ánimo del juez, en forma de no permitirle objetivizar el criterio de justicia exigido por el interés social, favoreciendo o perjudicando indebidamente al imputado o a las partes civiles cuando intervengan en el proceso. Esto hace que le permita o imponga, según los casos, la exclusión o apartamiento del juez penal sospechoso, tanto del unipersonal, como de cualquiera de los miembros de los tribunales colegiados, en cuyo caso se lo reemplazará con otros insospechados a los sistemas vigentes al efecto..”.. (la negrita me pertenece),  Claus Roxin (“Derecho Procesal Alemán”, Ed. Del Puerto, págs. 41 y sigs.), destaca que tras el conjunto de disposiciones acerca de recusación y exclusión del juez “…está la idea de que un juez, cuya objetividad en un proceso determinado está puesta en duda, no debe resolver en ese proceso, tanto en interés de las partes como para mantener la confianza en la imparcialidad de la administración de justicia. Este principio está garantizado constitucionalmente en el art. 101, I, 2, GG…” (VerfGE 21, 139). Señala más adelante, que para la recusación “…no se exige que él realmente sea parcial, antes bien, alcanza con que pueda introducirse la sospecha de ello, según una valoración razonable…” (cf. BGHSt 1, 37; BGH MDR/D 72, 571)”. Luigi Ferrajoli (cfr. “Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal”, Ed. Trotta, pág. 580) llama imparcialidad “…a la ajenidad del juez a los intereses de las partes en la causa, tanto en lo personal como en lo institucional..”. Añade que “…el juez, que, como se ha dicho…, no debe gozar del consenso de la mayoría, debe contar, sin embargo, con la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino, ni siquiera alberguen el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial…”.
Agrega Ferrajoli (ob. cit., pág. 582), que “…para garantizar la imparcialidad del juez es preciso que éste no tenga en la causa ni siquiera un interés público o institucional. En particular, es necesario que no tenga un interés acusatorio, y que por esto no ejercite simultáneamente las funciones de acusación, como, por el contrario, ocurre en el proceso inquisitivo y, aunque de manera ambigua, también en el mixto. Sólo así puede el proceso conservar un carácter ‘cognoscitivo’ o como dice Beccaria, ‘informativo’ y no degradar en ‘proceso ofensivo’ donde ‘el juez se hace enemigo del reo..”. Pedro J. Bertolino sostiene que la garantía del debido proceso surge como más general y extensa que la de la defensa en juicio, “…que contendría, precisamente como específica y menos extensa, más notas particulares circunscribientes..”. Añade “…sin embargo, y en todo caso, para nosotros lo fundamental sería siempre esto: ambas en su integración y complementación mutua, tienden a aprisionar con pretensión correcta el mayor espectro posible de situaciones que, por un lado, nieguen el proceso que al ciudadano le es debido como institución exigida constitucionalmente y, por el otro, no se corresponden con el proceso que debe estar realizado como es debido según las leyes procedimentales conforme a la Constitución…”. (cfr. “El Debido Proceso Legal”, pág.134 y ss.; Librería Editora Platense, 1986). Piensa Bertolino …que en el núcleo de la garantía del debido proceso se sitúa, como haciendo parte principalísima de ella, el principio de imparcialidad, destacando que así, la evolución jurídica, llegó a la figura del juez como tercero imparcial. Cita Bertolino la opinión de Werner Goldschmidt acerca de la imparcialidad, en cuanto sostiene que importa “…ser objetivo, sumergirse en el objeto, al margen de toda subjetividad; también la de Aragoneses Alonso, quien tras destacar que …la imparcialidad es uno de los principios supremos del proceso, (la negrita me pertenece) afirma que es una especie determinada de motivación, …consistente en que la declaración o resolución se orienta en el deseo de decir la verdad, de dictaminar con exactitud, de resolver justa o legalmente….” Jan Woischnik (cfr. “Juez de Instrucción y Derechos Humanos en Argentina. Un análisis crítico del Código Procesal Penal de la Nación”, pág. 161 y ss.; Honrad Adenauer -Stiftung- Ed. “Ad-Hoc”) señala que las garantías procesales del art. 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, se refieren primariamente al juicio oral, pero, no obstante, de esa norma, surgen condiciones, también exigencias, para el procedimiento preliminar, dado que la fórmula en la sustanciación de cualquier acusación penal no importa que recién se proteja al imputado a partir del momento en que se formula la acusación.
5. Acerca del concepto de imparcialidad, siguiendo la definición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso “Piersack”), precisa que significa “…ausencia de prejuicios y no tomar partido, agregando que…en un Estado democrático, los derechos procesales tienen, en el sentido de la convención, una posición tan jerarquizada, que una interpretación restrictiva de este precepto no se corresponde ni con su fin ni con su objeto de protección…” (ob. cit., pág. 163 y ss.). Luis M. García, en su trabajo La Noción de Tribunal Imparcial en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos
El caso ‘Zenzerovich’-: una oportunidad perdida (ver “La Ley”, 1999-E, 223), destaca que en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos imparcialidad significa falta de prejuicios o de parcialidad y que para comprobar si se ha satisfecho el requisito de imparcialidad, el citado tribunal desarrolló un test con dos abordajes, uno subjetivo y otro objetivo.
En el subjetivo, refiere García, “…el examen se centra, en general, en la revisión del modo en que se condujo el caso, y de su atmósfera, añadiendo que …en suma, parecería que la exteriorización de expresiones prejuiciosas por un juez, no serían ‘per se’ decisivas para determinar una violación al principio del juez imparcial, salvo que se pueda demostrar que esto resultó en un perjuicio real para el acusado…”.
En orden a la prueba objetiva, resalta el autor, con cita de los casos “Sramek v. Austria”, “Borgers v. Belgica”, “Fey v. Austria” y “Thorgeir Thorgeirson c. Islandia”, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos subrayó la importancia de las apariencias y expresó que “…lo que está en juego es la confianza que los tribunales, en una sociedad democrática, deben inspirar en el público y en el acusado, sobre todo, en cuanto respecta a los procedimientos criminales…”. (la negrita me pertenece).
Sobre la aplicación del test objetivo precisa García, con cita de los casos “Hauschildt v. Dinamarca”, ”Fey v. Austria”, “Padovani c. Italia”, “Saraiva de Carvalho c. Portugal”, “Remili c. Francia”, “Gregory v. Reino Unido”, “Incal c. Turquía”, “Campbell y Fell v. Reino Unido” y “Sramek v. Austria”, resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “que la opinión de la parte que alega parcialidad es importante pero no decisiva, lo que es crucial es si una duda sobre la parcialidad puede ser ‘justificada objetivamente’. Si hay una ‘duda legítima’ o ‘razonable’ sobre la imparcialidad del juez, éste debe apartarse del caso”.
Sobre la base normativa, jurisprudencial y doctrinaria expuesta, corresponde examinar la conducta de V.V.E.E.

3.-) V.V.E.E. CARECEN DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA.
Durante las ocho jornadas que lleva este debate oral y público, la defensa les ha manifestado en varias oportunidades a los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, que sus intervenciones iban más allá de las autorizadas por el artículo 364 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. . 
En una de las tantas oportunidades se le hizo notar al Dr. Lugones que su manera de preguntar se asemejaba más a la de un Fiscal que a la de un vocal ávido de alguna aclaración. El mismo magistrado ha hostigado, denigrado y descalificado tanto a testigos como a esta defensa, intentando hacer decir a los testigos lo que él quería que digan, por lo tanto inducia y reformulaba  las respuestas,  hasta el punto de plantear hipótesis,  dirigiendo el debate como una verdadera parte.  Tanto la presidente como el Vocal Dr. Conti no han podido, no han sabido o no han querido resolver esta situación, en algunos casos han tenido una actitud corporativa con sus colegas pero en otros casos claramente se les fue de las manos.
Situaciones que al verse reiteradas generaron rispidez entre la defensa y el Tribunal al punto de terminar las discusiones con un elevado enfrentamiento verbal. Todo esto hizo que se llegue a un grado de deterioro,  de degradación y de perdida de respeto  lo cual hace imposible continuar el juicio con este Tribunal, hay lo que vulgarmente se denomina ¨mar de fondo¨ .
Este Tribunal perdió toda credibilidad, como en su momento lo dijo la Sala I de la Casación de la Plata en la causa  Nº 55863, estos jueces no son hábiles, es esa oportunidad la Sala I anulo el debate, el veredicto y la sentencia, mismo Tribunal con la antigua conformación, Lugones, López Moyano y Roldan.
El Dr. Lugones con sus dichos y actitudes hasta nos ha hecho notar que ya tiene su veredicto, la verdad le duele a esta defensa la existencia de esta calidad de jueces, los cuales han tenido un alto nivel de agresividad, a la cual no desconocemos que llegado el momento fomentamos, pero la  misma se debió a la impotencia que nos generaba el grado de impunidad que manejaba el tribunal.
Como prueba de nuestros dichos esta la grabación que se efectuara todos los días del debate, marcaremos algunos pasajes:

1.-) Interrogatorio al Dr. Rosetti: cuando el Sr. Fiscal le muestra su declaración por dichos contradictorios, el Dr. Lugones efectúa una pregunta con la cual las partes entendieron que él había leído la declaración testimonial brindada por el galeno en la I.P.P., Expresando el magistrado: Ud. no hizo ninguna referencia al ano en su declaración testimonial?????.

2.-) En la declaración testimonial de la Srta. Victoria Ballarino, increpo a la misma diciéndole como no va a saber, Ud. nos dijo que era su mejor amiga.

3.-) Al Sr. Luis Emilio Acevedo lo presiono para que reconozca una firma que el testigo no reconoció.
A todos los testigos que debían reconocer sus firmas, los increpaba diciendo: Ud. es una persona de fiar, su firma vale, podemos creer en lo que firmo o dice.
Todas expresiones fuera de lugar para un vocal que debe actuar con imparcialidad.

4.-) Presiono a los peritos psicólogos y psiquiatras, dando ejemplos que los profesionales ya habían contestado a la Fiscalía, pero como dichas respuestas no conformaban al Dr. Lugones, instigaba a los mismos para que modifiquen su informe.

5.-) A Elías Domínguez lo forzó a contestar si estaba enojado con la madre, que hizo??

6.-) Tanto el Dr. Lugones como la Dra. López Moyano ayudaban a los testigos al punto de reformular sus respuestas. En un tramo la defensa pregunta al Sr. Diego Tula por el Protocolo utilizado para las tares efectuadas, y el testigo contesta otra cosa, por lo tanto se insiste en que responda lo que se preguntó. A ello la Dra. López Moyano manifiesta  la pregunta ya está contestada. En otro tramo de este interrogatorio donde se proyectó un video podrá observarse que uno de los mismos se pasa dos veces ya que la defensa percibió que los Señores jueces ni habían girado la cabeza para por lo menos simular atención. En esta declaración queda demostrado claramente como el Tribunal no permitió dejar trabajar a esta defensa, hasta tuvimos que soportar malas caras del Dr. Conti, las cuales autorizaban al testigo a mirarnos de mala manera.

7.-) Con el testigo Martinez Hector, le reprocha que se acordaba mas ahora que hace dos años, el Dr. Lugones presiono hasta que obtuvo una respuesta acorde a sus expectativas por lo tanto la Dra. Lopez Moyano dijo conste en acta.

Atento estos hechos y muchos otros que surgirán con la prueba presentada, con las escuchas y testimonios, lo concreto es que, a esta altura del Debate, no sería prudente que Sus Excelencias continuaran entendiendo en éste Juicio.-
Esto no implica que no consideremos sus personas individualmente con respeto y consideración, pero lo hasta aquí actuado ya es imposible retrotraerlo.-
La Alzada que entienda en este planteo será informada del alto nivel de confrontación verbal violenta entre el Tribunal (básicamente el Dr.Lugones) y la defensa.-
Lo que debería haber trascurrido como un enfrentamiento lógico, sano y leal entre Defensa y Acusación, aún cuando ocurra en duros términos, viró ostensiblemente a una situación irreversible: el enfrentamiento cargado de adjetivos y de subjetividad entre el Tribunal y la Defensa.-
Los epítetos que nos propinamos entre estos dos verdaderos contendientes como son el Tribunal y la Defensa salieron de los márgenes mínimos que debe contener la lucha jurídica.-   Lucha que debe ser entre defensa y acusación y no con ninguna de las partes y el Tribunal.-
El Tribunal ha tenido una abundante participación activa efectuando preguntas como en los tiempos del proceso inquisitivo.-    Y por si fuera poco ha suplido la actividad jurisdiccional  de la Acusación transformándose el propio Vocal Lugones en un Fiscal activo, inquisitivo y prepotente y con los otros dos miembros en actitudes pasivas en el mejor de los casos (permitiendo que la pelea escale a límites insostenibles) o sin capacidad de frenar a su compañero de Tribunal.-   Y en algunos casos defendiéndolo.-
Todo esto implica el “mar de fondo” al que nos referíamos arriba.-
Uds, Excelencias, deben recapacitar, se lo pedimos con toda la buena fe del mundo, saben bien que ya llegaron a un punto en el que no pueden volver atrás por el alto grado de subjetividad demostrado.-
La Defensa carece por completo de garantías en esta situación.-
Pero además ya no nos tenemos confianza, y eso Uds lo saben.-  Ni nosotros a Uds ni Uds a nosotros.-    Si una de las partes le pierde la confianza a un Juez o Tribunal el proceso está severamente afectado y por tanto debe saneárselo con la intervención de otro Tribunal.-
No vemos otra forma de resolver esto, y de ahí nuestra petición/ruego de que se aparten de este Juicio y permitan que intervenga otro Tribunal como una especie de saneamiento o aire fresco para la salud del juicio y del proceso.

4.-) CONCLUSION
Señores Jueces, si ponderan las circunstancias fácticas relatadas precedentemente  las mismas son  manifiestamente ciertas y de fácil comprobación, por lo tanto la cuestión planteada es abrumadora,  es por ello que se le solicita a V.V.E.E. admitan la recusación ya que estamos frente  a un caso típico, indudable, manifiesto y notorio de parcialidad manifiesta,  no poseen la necesaria objetividad para administrar la causa traída a su conocimiento.
Sin embargo, si todo esto no le alcanzara, cabe advertir que lejos está de exigirse (constitucional y legalmente), parcialidad manifiesta como causal de procedencia de la separación: es suficiente fundamento la parcialidad aparente (apparent bias), un concepto cabal según el cual basta el peligro real o entendimiento o presunción razonable de que V.V. E.E.  puedan  haber actuado o actuar parcialmente.
Señores Jueces: su función es y debió ser,  efectuar un debate con imparcialidad e independencia, lejos han estado de estas premisas por lo tanto no nos ha quedado otra alternativa que denunciar estas irregularidades,  ya que Uds. no han sabido honrar la tan alta misión que se les ha encomendado.

5.-) PRUEBA
Se cite a prestar declaración testimonial a:
Pablo Pimentel, Titular de la APDH La Matanza,
Manuel Garrido, Presidente y Director de Innocence Project Argentina,
Margarita Jarker  , integrante de la Comisión Provincial por la Memoría.
Se solicite las grabaciones de todas las audiencias llevadas a cabo las cuales están en poder del Tribunal Oral Nº 7.

6.-) PROCEDENCIA
Si bien los hechos relatados sucedieron durante la sustanciación del proceso, la gota que colmó el vaso se dio el 11 de Marzo,  momento en el cual se suscitaron dos fuertes encontronazos entre la defensa y el Dr. Lugones. Nos remitimos a los hechos narrados y a los audios. Por lo tanto esta presentación se encuentra efectuada en tiempo y forma en virtud de lo normado por el art. 51 inciso 3 segundo párrafo, ( 48 horas).

7.-) FORMULA PROTESTA DE RECURRIR EN CASACION E INTRODUCE CASO FEDERAL
Por conocidas razones técnicas y para el caso que se convalide la grosera violación a normas constitucionales y legales que hacen a una condición esencial de la jurisdicción, al debido proceso y su correlato, la defensa en juicio, extremos que se configurarían en la hipótesis que V.V.E.E. no admitieran la recusación, constituyéndose un supuesto de inobservancia de las normas que el CPPBA establece bajo sanción de nulidad y la violación a expresas disposiciones legales ((art. 448 inc 1 CPPBA.), hago protesta de recurrir en casación. Que asimismo y atento a que una resolución adversa a la pretensión de nuestra parte sólo sería posible mediante una efectiva lesión a garantías constitucionales, al afectarse el derecho a la jurisdicción, el debido proceso y el derecho de defensa, proyectando esas violaciones eventuales afectaciones a todo el sistema de garantías penales consagrados en la Constitución Nacional, dejo introducida la cuestión federal para acudir, vía recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 ley 48). En este sentido, existe cuestión federal suficiente puesto que la defensa pone en discusión el alcance de la garantía de juez imparcial reconocida dentro de los derechos implícitos del art. 33 constitucional, y se deriva de las garantías de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el art. 18 de la Constitución Nacional y consagrada expresamente en los artículos: 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos — que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional— (confr. Fallos: 326:3842, disidencia de los jueces Maqueda y Vázquez). En virtud de ello, y al hallarse cuestionado el alcance de una garantía del derecho internacional, el tratamiento del tema resulta pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional. Dejamos expresada la existencia de la causal de Gravedad Institucional, pues llegar al Recurso Extraordinario en este tema supondría haber convalidado en baja instancia un tratamiento arbitrario.-

8.-) PETITORIO
Por todo lo expuesto  a V.V.E.E. solicitamos admitan el planteo de recusación y procedan conforme lo dispuesto en el art. 49 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Caso contrario, por haberse invocado hechos manifiestamente ciertos, públicos y notorios, deberán  V.V.S.S.  esperar la sustanciación y pronunciamiento pertinente para evitar un perjuicio a nuestra parte, como así también un dispendio jurisdiccional innecesario, tomando en cuenta que de resolverse favorablemente la pretensión de la defensa, se declararía nulo lo actuado. Todo de ello de acuerdo a lo estipulado por el artículo 51 del código de rito in fine.
Proveer de Conformidad
SERA JUSTICIA

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