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Causas - 9 marzo, 2020

NUEVAS LUCHAS JURÍDICAS DE RESISTENCIA DE LA GREMIAL A FAVOR DE LA COMUNIDAD MAPUCHE DE MASCARDI. LA COMUNIDAD QUE DEFENDIÓ CON SU VIDA RAFITA

Puede que este Gobierno Nacional Argentino pretenda promover mesas de diálogo con los Pueblos indígenas.
Pero la Justicia Federal sigue promoviendo la violencia para resolver los conflictos territoriales
La muerte de Rafita tiene su origen en la recuperación del territorio sagrado a orillas del Lago Mascardi en Bariloche.
Allí se levanta una Machi.
Allí gasearon y maniataron niños de 4, 5 y 6 años.
“querías tierra, come tierra, India de mierda” le dijeron las tropas federales a la Machi Betiana de 15 años, cuando la detuvieron junto a otros niños.
El Juez de Bariloche los procesó a todos por Usurpación.
La Gremial de Abogados y Abogadas, apeló y la Cámara de Roca confirmó el procesamiento.
Y además nos negó el Recurso de Casación.

Hoy presentamos el recurso de Queja ante la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal.
A quien le interese adjuntamos el texto.

Se supone que en la Sala I hay jueces que se dicen progres y de “Justicia Legítima”.

Se supone que hay una nueva Administración de Parques Nacionales que brega por el “diálogo”.
Pero hasta ahora no levantan la Querella y sus abogados luchan con firmeza contra nosotros.

Pronto sabremos si esos jueces y Parques Nacionales consideran  que el Estado puede avasallar e ignorar los derechos ancestrales de los mapuche.

Como siempre la Gremial no esconde ni su trabajo ni información.
La información absolutamente completa y sin guardarnos nada es el sello distintivo de la Gremial de Abogados y Abogadas.

Quizás pronto tendremos audiencia en Comodoro Py y agradeceríamos si nos acompañan.
No por nosotros sino por esas mujeres, hombres y niños mapuche que resisten en Winkul y que ya tuvieron una muerte irreparable.

INTERPONEN  RECURSO DE QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA. FORMULA RESERVA DE CASO FEDERAL

Exma Cámara Federal de Apelaciones:

Laura Taffetani, To 201 Fo 369 de CFALP, Eduardo Néstor Soares, , To 26 Fo 756 del CPACF y Matías Antonio Alac, To 127 Fo 312 del CFAGR, todos abogados pertenecientes a la ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, defensores de Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan, con el domicilio legal constituido en Las Heras 2845 de la ciudad de Gral Roca  y los electrónicos en 27162501912,  20107570137 y 20273271164, respectivamente. Asimismo, constituimos domicilio en la jurisdicción de la Alzada en Alsina 1535, piso 6 oficina 601 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la causa FGR Nro 26511/2017/13/CA2, caratulada “Legajo de Apelación de JARAMILLO, LUCIANA MARTHA Y OTRAS S/ USURPACION (ART. 181 INC. 1 DEL CP) en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, a VE decimos:

I. OBJETO:

Que venimos por el presente a interponer recurso de queja por casación denegada en los términos de los artículos 476 y 477 del Código Procesal Penal de la Nación contra la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca con fecha 20 de Febrero de 2020, notificada el día 21 de Febrero del corriente. En dicha resolución se decidió no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por esta defensa contra la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelación de Gral Roca en la que confirma la sentencia de primera instancia con respecto a nuestros defendidos.


II. HECHOS:

La presente causa tiene su origen en la recuperación territorial llevada adelante por integrantes de la comunidad mapuche “Lafquen Winkul Mapu” en la zona del Lago Mascardi de la ciudad de Bariloche.

Por estos estos hechos, el Juzgado Federal de Bariloche, dicta el procesamiento de Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan por el delito de usurpación en la sentencia el 11 de diciembre de 2018.

Frente a dicha resolución esta defensa interpone recurso de apelación en la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, cuya sentencia confirma el procesamiento de nuestros defendidos el 19 de Diciembre de 2019.

Ante dicho resolutorio se presenta recurso de casación el que es denegado por dicha Cámara, motivando la interposición del presente recurso de queja.


III. DENEGACION DE LA VIA RECURSIVA:

La Cámara Federal de Apelaciones de Gral Roca denegó el recurso de casación argumentando que la articulación de la vía recursiva que se presenta “colisiona con la limitación objetiva del art. 457 del CPP, puesto que no se dirige contra una resolución que ponga fin a la acción o la pena, o haga imposible que continúen las actuaciones o que deniegue la extinción, conmutación o suspensión de aquella, pues antes que inhibir la prosecución de las acciones penales justamente produce un resultado contrario, es decir, habilita el avance de la investigación, lo que obliga a descartar el carácter asimilable a definitivo del decisorio.”

Asimismo, plantea que “Tampoco habilita la instancia casatoria al agravio afincado en la arbitrariedad de la sentencia, pues el pronunciamiento que se cuestiona no resulta infundado ni presenta una fundamentación defectuosa en tanto brindó adecuada respuesta a todos los planteos introducidos de conformidad a las razones que allí se brindaron, circunstancia que determina, conforme al criterio del Alto Tribunal, que la situación de excepción invocada carezca de sustento.”

IV. ADMISIBILIDAD:

El argumento central de la sentencia impugnada es manifiestamente dogmática, pues en base a aseveraciones genéricas se rechaza el recurso de casación impulsado oportunamente. Así, ignora incorporar el amplio desarrollo jurisprudencial acerca del concepto de sentencia definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha equiparado a este concepto múltiples resoluciones. Es decir, que la sentencia recurrida por el recurso extraordinario debe ser definitiva, en el sentido de constituir un decisorio que ponga fin al proceso, impida su continuación o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

La decisión recurrida se encuentra contemplada entre aquellas resoluciones previstas en el art. 457 del CPPN ya que la sentencia de marras crea un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. (CS- Fallos 272:188, 276:303 y 292:202)

La denegatoria del recurso de Casación que fuera oportunamente presentado, hace viable la vertebración del presente del Recurso de Queja, que constituyen la única herramienta que puede impedir que el Tribunal previniente se convierta en el árbitro exclusivo de la admisibilidad del recurso previsto en los arts. 456 y 457 del CPPN.

Para el caso, la inadmisibilidad imposibilitaría que la cuestión llegara ante VE En este sentido, la Queja es una manera eficiente y sustancial de asegurar la vigencia del “principio de seguridad procesal” en orden a evitar a la arbitrariedad o exceso de discrecionalidad del a quo.

En este caso está claro que nos encontramos dentro de los supuestos entendidos como gravedad institucional, pues el tema decidendum tiene incidencia directa en el servicio de administración de justicia ya que se está ignorando la calidad de integrantes de una comunidad de pueblos originarios a nuestros defendidos y, por lo tanto, la normativa nacional e internacional que los ampara.

El recurso que se interpone parte de la certeza de que la resolución recurrida             -que confirma los procesamientos de nuestros defendidos-  reviste carácter de sentencia definitiva puesto que, lo que se encuentra en debate desde el punto de vista de los derechos involucrados, es una cuestión que hace al derecho de fondo que constituye cuestión federal y cuyo principal efecto será el de imprimir el rumbo definitivo del proceso de manera terminante despojando a nuestros defendidos de todo derecho de defensa y garantías procesales al ignorar el marco jurídico que los ampara.

En efecto, en esta causa -por la naturaleza de derechos que se encuentran en debate- el órgano jurisdiccional, al precisar la situación procesal de nuestros defendidos sin reconocerlos como miembros de una comunidad de pueblos originarios, está definiendo el marco jurídico a aplicar y en consecuencia los andaniveles por los que discurrirá el proceso penal. Es por ello el carácter que consideramos tiene la discusión sobre la que versan los procesamientos cuestionados -equiparable a una sentencia definitiva- porque lo que aquí se está discutiendo es el marco jurídico de fondo donde se asienta el reproche penal y que de no revertirse en esta etapa del juicio sellará definitivamente su suerte.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el concepto
de sentencia equiparable a definitiva para aquellos pronunciamientos que pueden
generar un perjuicio de imposible o tardía reparación, y por lo tanto requieren tutela
judicial inmediata.

De este modo, la CSJN ha resuelto en el conocido fallo “Di Nunzo” (328:1108), que la demostración de un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior, o la implicancia de una cuestión de índole federal en estos casos permite la intervención de la Casación.  Es fundamentalmente a partir del fallo mencionado que se abrió un camino en la jurisprudencia; otro camino.

La resolución que se recurre versa sobre el procesamiento de nuestros defendidos, pero lo que reviste gravedad institucional, es la decisión de apartarse por parte del órgano jurisdiccional en forma absoluta de la normativa que rigen en relación a los derechos indígenas.

En otras palabras, los procesamientos que fueran dictados en la presente causa y la confirmación por parte de la Cámara Federal tienen como consecuencia el desconocimiento de la normativa constitucional e internacional que ampara los derechos de los pueblos originarios (art. 75 inc. 17 y 22 de la CN)  y en el caso de Betiana Ayelen Colhuan la normativa constitucional e internacional de los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 de la CN)  que imprimen el rumbo de un proceso en forma definitiva, camino que ya no podrá ser desandado.  

Los presuntos autores de los hechos que se imputan y, por los cuales se los procesa por el delito de usurpación, son indubitablemente pertenecientes a una comunidad Mapuche. Todas sus proclamas, comunicados e incluso la presentación hecha en forma voluntaria al comienzo de la instrucción por voceros de la comunidad antes del violento desalojo a fs. 208, son claros con respecto al contexto que rodean su accionar.

No es detalle tampoco que en esa comunidad se erigió la primer Machi, una de las imputadas y procesadas en la resolución que se recurre, menor de edad, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche, luego de más de 50 años desde la presencia de la última Machi en nuestro país. 

Todos estos elementos fueron desechados por parte del Juzgado y la Cámara Federal, la situación es tratada como si algunas personas “ventajeras” invocaran su condición de mapuche para adquirir una porción de territorio en su provecho personal. Lejos muy lejos, de aceptar la complejidad que adquiere el reconocimiento de sus derechos y su adecuación a un marco jurídico que claramente responde a épocas cuyos derechos fueron absolutamente avasallados, como lo es hoy el quitarle toda posibilidad de defensa y en cuyo marco serán juzgados. 

Cabe agregar, si bien los hechos no son investigados en estos actuados, que el uso de la acción punitiva en este caso ya ha tenido el muy alto costo de la muerte de Rafael Nahuel Salvo en manos de las fuerzas de seguridad en el contexto de las presentes actuaciones, por lo cual la respuesta penal al conflicto que aquí se dirime sin contemplar su naturaleza jurídica, ya ha tenido consecuencias irreparables como ha sido la pérdida de una vida humana.

La Corte Suprema de la Nación ha sido clara al respecto en “Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación -causa N° 107.572”:

“12) Que la regulación establecida por el ordenamiento procesal vigente no impide la revisión de sentencias como la recurrida en las presentes, ya que si bien el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, hace referencia al concepto de sentencia definitiva, el art. 14 de la ley 48 y el art. 6 de la ley 4055, contienen idéntica redacción; sin perjuicio de lo cual esta Corte desde hace ya varias décadas ha establecido el concepto de sentencia equiparable a definitiva para aquellos pronunciamientos que si bien no ponen fin al pleito, pueden generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, y por lo tanto requieren tutela judicial inmediata.
Corresponde entonces afirmar que el concepto de sentencia equiparable a definitiva para el recurso extraordinario no difiere del establecido para el recurso de casación, tomando en cuenta el carácter de tribunal intermedio de la cámara homónima, siempre que se invoque en los planteos recursivos una cuestión federal o la arbitrariedad del pronunciamiento conforme la doctrina de esta Corte.
Cualquier otra interpretación del art. 457 del Código Procesal Penal, conlleva un excesivo formalismo del que podría resultar un serio menoscabo de los derechos constitucionales en que se funda el recurso. Ello es así pues, en la medida que esta Corte ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones, aún antes de la sentencia definitiva, acerca del alcance de las mismas disposiciones constitucionales que encierra la cuestión federal invocada en el recurso extraordinario (Fallos: 14:223; 135:250; 139:67; 284:359 y 308:2091).
Finalmente y en este orden de ideas, cabe concluir que “en supuestos como el presente en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos: 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas)…incluso, que en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas (Fallos: 303:1007, 1118 y 1403, entre otros)” (conf. dictamen del señor Procurador General en Fallos: 319:585).”
Es claro que luego de los fallos “Casal” y “Di Nunzio” la Cámara ya no es un mero analista de cuestiones de derecho, sino que ya posee la obligación de “[…] agotar el esfuerzo por revisar todo lo que 1. Fallos: 328:3399 y 328:1108, respectivamente pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable” y, por tanto, su jurisprudencia ya afecta de manera contundente a todo el ámbito de la justicia penal.

En la sentencia, motivo de la presentación del recurso de casación denegado se planteaba la inobservancia  de los derechos constitucionales amparados en los incisos 17 y 22 del artículo 75 de la CN (por consiguiente: La Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre de 1948 y  la Convención Americana sobre Derechos Humanos , interpretadas y aplicadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como resultan de la jurisprudencia y los comentarios de los Comités respectivos; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial; La Convención sobre los Derechos del Niño, con los comentarios y recomendaciones del Comité respectivo; El Convenio 169 de la OIT , y los dictámenes y recomendaciones sobre el mismo; La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y las opiniones de los órganos especializados de las Naciones Unidas). Normativa que fundamentalmente requieren de un trato diferente hacia los pueblos indígenas siendo soslayadas y convertidas en letra muerta por la resolución de la Cámara Federal, derechos que al no reconocerse cercenan las garantías procesales de nuestros defendidos y su derecho de defensa en juicio (art. 18 CN).

Ya el Informe sobre Argentina del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya del 4 de Julio de 2012 reflejaba esta situación:

“El Estado de Argentina ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país… Sin embargo, persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real…
“53. La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación de terrenos privados. En algunos casos, no hubo previo aviso a las comunidades afectadas, y los desalojos fueron dictaminados en procedimientos en que las comunidades no tuvieron la oportunidad de defensa. Existen casos en que los operativos de desalojo ocasionaron la destrucción de viviendas y propiedad, incluyendo animales de cría y cultivos, de miembros de pueblos indígenas.
54. Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley 26160 de 2006. Se ha alegado que los tribunales no dan una adecuada consideración e incluso desconocen por completo los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación vigente…
55. Aunque el Relator Especial no puede evaluar los hechos específicos de cada uno de los casos de desalojo que fueron llevados a su atención, observa que el objeto y espíritu de la Ley 26160 requiere evitar potenciales violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas hasta que haya una determinación de sus derechos territoriales.”

El Objeto de la Casación ha sido siempre el de evitar doctrinas legales o jurisprudenciales contrarias a los distintos tipos de interpretaciones judiciales. La normativa que protege los derechos de los pueblos originarios es una legislación de reciente data y ha ido siendo incorporada en nuestro ordenamiento jurídico en un lento pero continuo proceso que no ha sido fácil. Es por ello que se hace necesario se haga lugar al presente recurso, pues en este proceso de habilitación de la instancia se juega el verdadero reconocimiento de dicha normativa y del lugar que efectivamente ocupan los pueblos originarios en nuestro ordenamiento jurídico. 

V. AGRAVIO:

La queja por casación denegada encuentra motivación en la inobservancia de leyes sustantivas en donde se reconocen derechos subjetivos y principios jurídicos, que al haber sido omitidos configuran error in judicando en los términos 456 inc. 1 del Código Procesal Penal de la Nación.

                En su resolución la Cámara Federal de Apelaciones, sólo se limitó a fundamentar la denegatoria en cuanto a la arbitrariedad que se plantea con la sola aseveración que su sentencia dio “adecuada respuesta a todos los planteos introducidos de conformidad a las razones que allí se brindaron”, no dando lugar entonces a ningún tipo de instancia de revisión.

              A una cuestión de tanta gravedad institucional como lo es omitir toda la normativa internacional, constitucional y de derecho interno que rige para los pueblos originarios, así como también la que rige en relación a los derechos de niños y niñas, se plantea que no puede ser objeto de discusión porque así lo deciden los que ya lo decidieron.

V.1. MARCO JURIDICO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

En la resolución que objeto del recurso de casación que se ha denegado, se establece que la normativa que reconoce y regula los derechos de los pueblos originarios no puede ser tenida en cuenta porque la comunidad Lafquen Winkul Mapu no ha solicitado su inscripción en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o en organismo provincial Co.De.Ci y ese es el fundamento por el cual no reconoce a los imputados como parte de una comunidad indígena .

La Cámara Federal de Apelaciones entonces incurre en una errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto considera que las comunidades de pueblos originarios pueden hacer uso de sus derechos sólo si poseen el reconocimiento por parte de las autoridades administrativas, en este caso el INAI y/o el Co.De.CI (organismo Provincial). 

El Convenio 169 de la OIT establece:

“1. El presente Convenio se aplica:… b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

               La normativa internacional es clara entonces en cuanto a que su aplicación no depende de su previo reconocimiento estatal como tal, ya que se aplica a los pueblos que se hallan en la situación descripta “cualquiera que sea su situación jurídica”, no siendo admisible que los derechos establecidos en un instrumento internacional de derechos humanos se encuentren supeditados a la previa existencia de un acto administrativo oficial.

La ley 23.302 establece en su art. 6: “Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: …c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten…”, es decir la registración es de carácter voluntario y no obligatorio.

También el decreto 1122/2007 que reglamenta la ley 26.610 establece: “Se entenderá por ‘aquellas preexistentes’ a las comunidades pertenecientes a un pueblo indígena preexistente haya o no registrado su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci.) u organismo provincial competente.

En ese sentido, la CIDH se ha pronunciado en forma expresa en su jurisprudencia que, si bien los mecanismos oficiales para reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas pueden convertirse en mecanismos efectivos para proveer seguridad jurídica, esos reconocimientos tienen un efecto meramente declarativo, y no constitutivo, sobre la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y de sus formas tradicionales de autoridad. A la vez, ha señalado que el proceso de reconocimiento oficial de los pueblos indígenas a través del otorgamiento y registro de su personalidad jurídica no puede ser considerado una barrera para que éstos puedan disfrutar plenamente de sus derechos (cf. CIDH, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, cit., párr. 375). En tal sentido, para la Corte IDH, el derecho a la personería jurídica, además de ser un derecho autónomo, reviste un carácter instrumental, pues resulta esencial para el ejercicio de otros derechos (cf. Corte IDH, “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C N° 146, párr. 94).

Sin embargo, el fallo que deniega el recurso de casación interpuesto confirmando la sentencia impugnada, se arroga la potestad de desconocer la presencia de una comunidad de pueblos originarios por el solo hecho de no figurar registrada en ninguno de los organismos administrativos dispuestos nacionalmente y provinciales, despojándolos de todo derecho en función de su inexistencia.

               Si bien no existe una definición precisa de lo que se considera “pueblo indígena” la OIT en “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica – Una Guía sobre el Convenio Nº 169 de la OIT”, establece los criterios a tener en cuenta para precisar cuándo un determinado grupo humano se puede considerar “pueblo indígena”, señalándose elementos objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos incluyen: la continuidad histórica —esto es, sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o colonización—; la conexión territorial, en el sentido de que sus antepasados habitaban el país o la región; e instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en todo o en parte. Por su parte, el elemento subjetivo corresponde a la auto-identificación colectiva del grupo en tanto pueblo indígena.

                  Al respecto, para la CIDH, la identificación de cada comunidad indígena “es un hecho histórico social que hace parte de su autonomía”, por lo cual es la propia comunidad la que identifica su nombre, composición y pertenencia étnica, sin que el Estado u otros organismos externos puedan controvertirlo (cf. Corte IDH, “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay”, sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C N° 214, párr. 37).

                 El desconocimiento de que en los presentes actuados nos encontramos frente a un conflicto territorial que tiene origen una comunidad de pueblos originarios, en abierta inobservancia a la normativa internacional, es lo que habilita a los magistrados de la Cámara Federal de Apelaciones, al igual que ya lo había resuelto el Juzgado de Primera Instancia, establecer con exclusividad la aplicación del marco jurídico que contempla la normativa penal excluyendo cualquier otra norma que permita conjugar los aspectos que aquí se dirimen, en particular los derechos de los pueblos originarios , despojándolos de toda defensa frente a la requisitoria penal. 

                    V.2. EL PROCEDIMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL:

                    Asimismo, no fue observado el procedimiento especial establecido por la Ley 22.278 en relación a Betiana Ayelén Colhuan y menos aún la normativa constitucional que ampara sus derechos, ni siquiera mencionadas en sus fundamentos.

                    Las personas menores de edad poseen en la tramitación de un proceso penal no sólo las garantías que se les reconocen a los adultos, sino también las garantías específicas derivadas de su condición de personas en desarrollo.

                      En la resolución cuyo recurso de casación fue denegado, se desconoce la especialidad del fuero, el tratamiento penal no difiere al dado a los adultos, en los que cobra especial importancia los contextos familiares y sociales en los que se mueve. Nada de ello es contemplado. Tampoco lo preceptuado en el art. 30 de la CDN.

                       El artículo 30 de la Convención dispone que, “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará al niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”

                       Tampoco fue contemplado lo establecido por la Observación General Nro 11 del Comité por los Derechos del Niño, Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, en particular su acápite 19 que prescribe:

“19. La presencia de pueblos indígenas se demuestra mediante la propia conciencia de su identidad, como criterio fundamental para determinar su existencia. No se requiere que los Estados parte reconozcan oficialmente a los pueblos indígenas para que éstos puedan ejercer sus derechos. Al examinar los informes de los Estados parte, el Comité de los Derechos del Niño ha observado que muchos de esos Estados, al cumplir las obligaciones que les impone la Convención, no prestan la debida atención a los derechos de los niños indígenas ni a la promoción de su desarrollo. El Comité considera que, en consulta con las comunidades interesadas y con la participación de los niños en el proceso de consulta, de conformidad con el artículo 12 de la Convención, se deberían adoptar medidas especiales mediante disposiciones legislativas y políticas para proteger a los niños indígenas.”

                  Betiana Colhuan en el presente proceso, no solo no tuvo un trato diferenciado en el procedimiento penal seguido, sino que tampoco fue escuchada, así como tampoco han tenido lugar las distintas medidas solicitadas por la propia Defensora de Menores del Fuero. Cabe agregar que la medida de prueba de una pericia antropológica, solicitada por dicha funcionaria, esencial para poder ser Betiana escuchada, fue absolutamente denegada.
                   En este punto, la Cámara Federal ha omitido, tal como lo hizo el Juzgado Federal de primera instancia, ya que ni siquiera se ha pronunciado al respecto, de la normativa constitucional e internacional que ampara los derechos de Betiana Ayelén Colhuan afectando las garantías procesales de las que debió haber gozado en su condición de menor de edad.

VI. FORMULA RESERVA CASO FEDERAL:

                     Pudiendo encontrarse afectado el principio de legalidad, debido
proceso y supremacía constitucional (Arts 18, 19, 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional) , dejo expresa reserva del caso federal conforme lo dispone el art. 14 de la Ley 48 y la jurisprudencia vigente del Supremo Tribunal de la Nación.

VII. PETITORIO:
                      
                       Por todo lo expuesto solicitamos:

a.- Tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el recurso de Queja por Casación denegada contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, de fecha 20 de Febrero de 2020, en cuanto dispone declarar el recurso de casación articulado por los defensores particulares a fs 279/297.
b.- Se haga lugar al presente recurso de queja.
c.- Se revoque la resolución impugnada permitiendo el pleno reconocimiento de los derechos de nuestros defendidos que aquí se invocan.
d.- Se tenga presente la reserva del caso federal, expresada en el
punto uno del presente, por encontrarse afectas garantías constitucionales (Art. 14 y 15 de la Ley 48 y 18, 19, 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional).

               Provea VE de Conformidad
                SERA JUSTICIA

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