Home Temas LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PRESOS DEL EJÉRCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO RECIENTEMENTE ENVIADOS A JUICIO ORAL COMO YA HEMOS REITERADO, LA GREMIAL ACOMPAÑÓ Y ACOMPAÑARÁ A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DE TODO EL MUNDO CUALQUIERA SEAN LOS MEDIOS Y MÉTODOS QUE UTILICEN EN SUS LUCHAS. MÁS AUN EN EL CASO DEL E.P.P., HERMANOS PARAGUAYOS DE NUESTRA AMÉRICA.
Temas - hace 4 semanas

LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PRESOS DEL EJÉRCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO RECIENTEMENTE ENVIADOS A JUICIO ORAL COMO YA HEMOS REITERADO, LA GREMIAL ACOMPAÑÓ Y ACOMPAÑARÁ A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DE TODO EL MUNDO CUALQUIERA SEAN LOS MEDIOS Y MÉTODOS QUE UTILICEN EN SUS LUCHAS. MÁS AUN EN EL CASO DEL E.P.P., HERMANOS PARAGUAYOS DE NUESTRA AMÉRICA.

Agregamos aquí el informe que remite a la Gremial de Abogados y Abogadas, el compañero que pudo viajar al Paraguay a acompañar a los prisioneros y sus defensoras en la audiencia de la que ya informamos.
Se trata de un informe estrictamente técnico/jurídico.
No tenemos otra forma de explicar las cuestiones técnicas.
A quienes les interese, les pedimos que presten atención y verán cómo y con qué grosería y cinismo se consuma la represión judicial a los luchadores.
Ellos no se quejan, no lloran, no se lamentan, no se consideran “víctimas”.
Ahí están altivos, enteros, orgullosos de sus luchas y de sus camaradas que siguen luchando en los montes y selvas paraguayas.

ESTE ES EL INFORME:
Compañeros, les envío un breve informe de la audiencia preliminar:
Los tres compañeros, Aldo Meza, Alcides Oviedo y Carmen Villalba, fueron detenidos en julio del 2004.
Los tres estaban prófugos/en rebeldía. Inmediatamente de los hechos, la policía eleva a la fiscalía el correspondiente informe del enfrentamiento.
Ésta, lógicamente, a su vez informa al juzgado correspondiente y se inicia, como es obligatorio en estos casos, una causa.
En este caso, por Resistencia.
El CP paraguayo (art. 296) pone bajo esa figura a todo el que… “mediante fuerza… resistiera o agrediera físicamente a un funcionario… [que] estuviere actuando en ejercicio de sus funciones…”. Incluye, en el inc. 2° de dicho artículo, “cuando el autor u otro participante realizara el hecho portando armas u ocasionara a la víctima lesiones graves o la pusiera en peligro de muerte”.
Esto último agrava la amenaza de pena privativa de libertad, permitiendo elevarla “hasta cinco años”.

A partir de la detención se verifica una causante de nulidad absoluta del proceso, ya que, contrariando el art. 12.5 de la Constitución del Paraguay, no se los puso “a disposición del magistrado judicial competente” para estos hechos dentro del plazo de 24 horas que ese artículo establece.
La causa, sin embargo, es iniciada, fechada y caratulada en ese 2004 y, además es bueno recordar que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el procedimiento se considera iniciado con la aprehensión del interesado, lo cual se refleja en el citado artículo constitucional.

Como la legislación penal del Paraguay no permite la acumulación de penas, dos o tres años después la fiscal interviniente planteó la aplicación del “criterio de oportunidad”, o sea cerrar la causa, dado que la pena máxima prevista por Resistencia iba a quedar en todo caso cumplida dentro de las otras penas mayores que debían cumplir los tres imputados.

Es importante mencionar que este dictamen fiscal fue rescatado gracias al invaluable trabajo de las defensoras de Carmen ya que, en 2018 al presentarse la actual embestida del MPF, fue eliminado, junto a casi todos los antecedentes, de la carpeta fiscal.
También fue eliminado otro dictamen de otra fiscal, en 2018, entendiendo que correspondía resolver la prescripción de la causa.
Y, “por supuesto”, el expediente del proceso judicial que se inició, del cual sólo se conoce lo que refleja la carpeta fiscal, está desaparecido.

Como ya conocíamos, ante este dictamen, la fiscal general, Sandra Quiñones, reasigna el caso.
El nuevo fiscal cambia la calificación por homicidio en grado de tentativa (recordemos que la calificación de Resistencia incluye la resistencia con armas, la producción de heridas con las mismas y hasta el peligro de muerte) y toma las declaraciones indagatorias a los tres.
El juez ahora interviniente los procesa y les dicta las prisiones preventivas.

El tiempo máximo de duración de un proceso, de todo proceso penal, en Paraguay es de 4 años hasta la sentencia, más uno para las apelaciones: 5 años.
Ante ello, ahora, en la audiencia preliminar donde se decide si corresponde elevar la causa a juicio oral, además de pedir la nulidad absoluta de toda la causa por aplicación del artículo constitucional mencionado más arriba, la defensa plantea la extinción del proceso.
Pero, además, el Código Penal paraguayo dice que la extinción del proceso causa la prescripción de la acción (o de los hechos, en sus palabras). La defensa plantea también la prescripción.

La fiscalía dice que la causa (recordemos: la causa número xxxx/2004) comenzó en 2018, cuando pidieron al juez el procesamiento. Que todo lo anterior son actividades “administrativas”, no judiciales. Y que la prescripción del homicidio en grado de tentativa es a los 15 años y ellos comenzaron el proceso a los 14 y medio. O sea: que ellos pueden meter preso a alguien y esperar todo ese tiempo para decidir si lo acusan y de qué lo acusan.

La jueza le da la razón en todo a la fiscalía y envía la causa a juicio oral por homicidio en grado de tentativa.
Hay varios despropósitos menores, pero no agregan demasiado al cuadro.

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