El 5 de abril de 1992 el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el empresariado disolvió el Congreso de la República e intervino el Poder Judicial, iniciando una dictadura abierta durante la cual, entre otros delitos políticos, se realizó un fraudulento Congreso Constituyente que dictó la todavía vigente Constitución Política de ese país.

Un mes después, el 5 de mayo, Fujimori dictó un decreto, el 25.475, conocido como “ley antiterrorista” que, con distintas modificaciones que pulieron algunas de sus barbaridades jurídicas y agregaron otras igual de groseras, continúa también vigente. Dicho decreto, por un lado, es una sumatoria de lo que jurídicamente se conoce como “tipos penales abiertos”, es decir la creación de delitos que no son precisados con claridad ni precisión sino que su significado y aplicación a cualquier hecho se deja al criterio y la voluntad de los jueces. Por otro lado, incluye una multitud de normas procesales especiales, diferentes de las que figuran en el código procesal y se aplican “al común de los mortales”. Por supuesto, también están incluidas normas especiales de ejecución de la pena, diferentes de las normales.

No hace falta aclarar que cuando decimos “diferentes”, decimos peores, demenciales, infames; y que, como la propia Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) establecieron reiteradamente, toda esta legislación es, en sí misma, violatoria de los derechos humanos.

Es decir que en el Perú, enmarcada por una Constitución ilegítima, existe una legislación que, en determinadas circunstancias definidas por el poder político, deja de existir el derecho penal del delito, es decir el que juzga actos, para dar paso a un derecho penal del reo, de la persona. Un derecho penal del enemigo.

A tal punto eso es así, que se dictan leyes que abiertamente expresan que son dirigidas a determinadas organizaciones, a determinadas personas,a determinadas ideologías o creencias políticas.

Ya no se trata de hechos que puedan ser considerados, con la ambigüedad y la imprecisión que la ley permite, terroristas. Ya ni siquiera se trata de que pertenecer a determinada organización que cometa los actos penados y por eso se convierta en una organización delictiva.

Se trata de ampliar la persecución penal desde el hecho, desde los actos, al pensamiento, a la identidad político-ideológica, a la voluntad de participar en la política pública con ese pensamiento y esa identidad; de ampliarla incluso a sentimientos o emociones como la solidaridad, la simpatía, la admiración por la conducta ética de determinadas personas. Se trata de excluir de la vida pública a quienes ya fueron juzgados y cumplieron sus penas, en una persecución que se quiere extender, literalmente, hasta la tumba.

En el caso del Perú de hoy, la aplicación de este nefasto decreto que se pretende ley significa concretamente ampliar la persecución al MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales) de manera tal de impedir su actuación pública, de criminalizarlo más allá de las actividades políticas que realiza de cara al pueblo peruano, incluso dentro del marco de la ilegítima constitución fujimorista.

Y, además, lo que no es menor, eso significa encarcelar a sus dirigentes y hacer caer sobre ellos las desmesuradas penas que el decreto dictatorial estableció para sus enemigos.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina viene solidarizándose desde hace tiempo con los militantes del MOVADEF, como lo ha hecho y lo hace con los presos políticos del Perú. Conocemos personalmente a muchos de los procesados en el expediente 85-2014, llamado caso MOVADEF; así como a muchos de los detenidos en la redada con la que comenzó este proceso y que se conoció como Operación Perseo.

Muchos de esos militantes son, además, colegas abogados. Juristas a los que hemos aprendido a respetar y reconocer viéndolos enfrentarse en absoluta desigualdad de condiciones con el omnímodo y arbitrario poder estatal peruano.

Incluso, tuvimos el honor de compartir y aprender con el fallecido Dr. Manuel Fajardo, uno de los 43 procesados en esta farsa de proceso.

Por eso, llamamos a la militancia popular y al pueblo de la Argentina a solidarizarse con los 42 perseguidos, pero fundamentalmente a alzar la voz para repudiar el intento del estado peruano de criminalizar el accionar político de una organización militante, de ilegalizar su funcionamiento público, de utilizar el derecho penal para perseguir las legítimas diferencias políticas e ideológicas con quienes detentan el poder político, que el MOVADEF sostiene y representa.

  • POR LA ANULACIÓN DEL PROCESO A LOS MIEMBROS DEL MOVADEF
  • POR EL DERECHO DEL MOVADEF Y TODOS SUS MILITANTES A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
  • POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ

GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Buenos Aires, 30 de agosto de 2019

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