Dos días antes de asesinato a mansalva de Rafael Nahuel se produjo el primer intento de desalojo violento de la Comunidad Mapuche Winkul, en el territorio recuperado en las laderas del lago Mascardi.

Los grupos especializados del Ministerio de Seguridad, esposaron y gasearon a niños de tres, cuatro y cinco años, golpearon a sus madres y reventaron todo lo que pudieron.

Varios resistieron cuesta arriba.

El 25 de noviembre 2017 un grupo de jóvenes mapuche recolectó comida y ropa e ingresó a llevárselos a los que hacía dos días estaban ahí. Les entregaron las cosas y bajaron.

En ese grupo estaban Rafael Nahuel, su prima Johana Colhuan, Gonzalo Coña, Lautaro González y Fausto Jones Huala.

Cuando bajaban fueron emboscados por los Albatros de la Prefectura, en una área fuera del territorio en disputa.

La Fiscal en persona  y el Ministerio de Seguridad comandaban estos grupos.

Les dispararon a mansalva.

Matan a Rafita, hieren de bala a Johana y Gonzalo.

Fausto y Lautaro que bajan el cuerpo agonizante de Rafita son apresados e imputados de resistir con armas a los Albatros.

A Rafita lo dejan morir en la tierra que amaba sin atención médica.

Pasaron ya casi dos años.

Lautaro González no pudo estar a derecho porque la Justicia Federal se lo impidió una y otra vez.

Ahora, la mamá y los amigos y familiares de Lautaro le confiaron a la Gremial de Abogados que re iniciáramos el intento de resistir tratando de lograr la regularización de su situación y su tranquilidad de libertad ambulatoria.

Lautaro ha dicho que no  negociará nada con estos jueces y fiscales.

La Gremial lo acompañará en todo lo que decida

Acá les ponemos el rechazo del Juzgado Federal de Bariloche al pedido de exención de prisión a favor de Lautaro.

Y les ponemos también nuestra apelación.

La lectura de ambos escritos es simple y los términos de la Gremial son igual de simples y contundentes denunciando en la cara a Jueces y Fiscales. Muestran también los criterios de defensa que tenemos.

No siempre se comparten nuestros criterios y conceptos.

Ni qué decir de nuestras opiniones.

Pero la Gremial no los esconde, y siempre muestra su trabajo y con ello se somete a críticas y aportes.

Parte de nuestras enseñanzas de Derecho es que SIEMPRE mostramos nuestros trabajos.

Seguiremos resistiendo junto a Lautaro.

E iremos hasta el final si se cuadra.

Vean los dos escritos que son por demás elocuentes

ESTA ES LA RESOLUCIÓN DEL JUZGADO NEGANDO A LAUTARO LA EXENCIÓN DE PRISIÓN

“INCIDENTE NRO. 2 – IMPUTADO: GONZÁLEZ, LAUTARO ALEJANDRO S/ INCIDENTE DE EXENCIÓN DE PRISIÓN” (EXPTE. FGR 27423/2017)

San Carlos de Bariloche, 31 de julio de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el expediente FGR 27423/2017/24/2 del registro de la Secretaría Penal del

Tribunal;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. En el día de ayer, el Dr. Eduardo

Néstor Soares y la Dra. Laura Taffetani solicitaron que se exima de prisión en este legajo a Lautaro Alejandro González, cuya representación invocaron.

Señalaron los letrados que González manifestó permanentemente su disposición y voluntad de estar a derecho en este sumario, y que su intervención plena en la causa —que entendieron coartada por su declaración de rebeldía— propiciaba “la salud y transparencia del proceso”.

Los profesionales añadieron que “el delito que se imputa a [González] admitiría una hipotética condena de ejecución condicional como ya ha se ha resuelto en esta misma causa en situación similar”.

Concluyeron que “mantener a un imputado en un estado de aleatoriedad e inseguridad jurídica como se lo ha venido haciendo no favorece a nadie (…), y sobre todo no favorece a la investigación y hasta echa un manto de dudas sobre el objetivo real de no permitir que una persona como el imputado que quiere estar a derecho se lo impida”.

II. Sustanciada la vista de rigor, la

Fiscal Subrogante se opuso a la soltura del nombrado por los motivos desarrollados a fs. 7/10, a cuya lectura remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias —sobre los que, no obstante, volveré luego—.

III. Ahora bien; llegado el momento de resolver la petición efectuada por los abogados referidos, entiendo que de consuno con el criterio sentado por la Cámara Federal de Casación Penal en el fallo plenario “Díaz Bessone” y lo sostenido por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca en los autos “Domínguez, Walter Nelson s/ excarcelación en causa ‘Morinigo Gauto, Marcelino – Domínguez, Walter Nelson s/ ley estupefacientes” (expte. P07509) corresponde ponderar si en el caso que nos ocupa se verifica alguno de los riesgos procesales que obturan la soltura del encartado.

En ese contexto, luego de evaluar lo actuado hasta el momento en el principal y en esta incidencia, adelanto que rechazaré el beneficio solicitado. 

Inicialmente, corresponde recordar que

Lautaro Alejandro González se encuentra procesado con prisión preventiva por considerarlo “prima facie” autor penalmente responsable de los delitos de usurpación y atentado contra la autoridad agravado por haberse cometido a mano armada, que concurren materialmente entre sí (arts. 45, 55, 181 inciso 1º y 238 inciso 1º en función del art. 237 del Código Penal).

No escapa al suscripto, en ese contexto, que el artículo 316 del C.P.P.N. es claro cuando expresa que “toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá por sí o por terceros, solicitar al juez que entiende en aquélla su exención de prisión” . Nos encontramos entonces con una primera barrera al tratamiento del escrito que nos ocupa, pues la propia norma excluye su aplicación cuando ya se ha dictado la prisión preventiva del encartado —como es el caso de autos—. En ese sentido, la doctrina lleva dicho que “[la exención de prisión] constituye un arbitrio tendiente a preservar la libertad de quien no ha sido aún encarcelado y resulta admisible hasta el dictado de la prisión preventiva, pues entonces precluye la posibilidad de lograrla. A partir de allí la solicitud deviene inadmisible, aun cuando no se haya hecho efectivo el encierro (…)” .

Sin perjuicio de lo anterior, me ocuparé de tratar el fondo de la petición formulada por los Dres. Soares y Taffetani pues entiendo que existen fundamentos objetivos, serios y concordantes para rechazarla.

Este proceso lleva algún tiempo y es menester recordar varios datos. Recuérdese que el Juez Subrogante (Dr. Gustavo Eduardo Villanueva) decidió —el 29/11/2017— excarcelar a Lautaro Alejandro González bajo caución personal de pesos diez mil ($10.000), que debía ser prestada por el nombrado junto con uno o más fiadores solidarios (art. 322 CPPN), quienes estarían obligados a cumplir con los requisitos establecidos en el art. 323 del Código adjetivo. Además, le impuso las siguientes obligaciones de conducta: a) presentarse todos los días lunes —o día hábil siguiente si aquél fuera inhábil— ante la Subdelegación Esquel de la Policía Federal Argentina; b) comparecer ante cada convocatoria del Tribunal; c) la prohibición de mudar el domicilio denunciado y de ausentarse del mismo por un lapso mayor de 24 horas sin dar aviso al Tribunal; d) la prohibición absoluta de salir del país sin la debida autorización judicial; y e) la prohibición absoluta de ingresar al predio ubicado en el km 2006 de la Ruta 40 Sur y de acercarse al mismo a menos de 500 metros, con la única excepción de transitar ese tramo de la ruta mencionada, toda vez que su traza se encuentra a una distancia menor a la consignada. Ello, bajo apercibimiento de revocar su excarcelación y ordenar su inmediata detención. Posteriormente, el 4/1/2018, a pedido del encartado, lo autorizó a comparecer ante la repartición policial mencionada —únicamente— el primer lunes de cada mes —o día hábil siguiente si aquel fuera inhábil— (cfr. fs. 784/vta. del expediente principal). 

La libertad de González se efectivizó el mismo 29 de noviembre, constituyéndose como fiadora personal Marcela Cano Jordán (DNI 13.531.855). El imputado fijó domicilio real en la casa 24 del “Barrio Baden 1”, en la localidad de Esquel, provincia de Chubut.

Esa resolución fue apelada por la Fiscalía el 1/12/2017 y confirmada por la Cámara Federal de General Roca el 20/12/2017 (cfr. fs. 37/40 y 52/6). El Fiscal General ante la Alzada dedujo recurso de casación contra la resolución del Superior, y al ser rechazado el remedio impetrado, interpuso una presentación directa que quedó radicada en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. La judicatura mencionada en último término decidió —el 15 de mayo de 2018— “I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (…); II. ANULAR la resolución de fs. 52/6 y su antecedente de fs. 17/21 y, en consecuencia; III. REVOCAR la excarcelación de Lautaro Alejandro González, debiéndose regularizar su situación procesal valorando las consideraciones (…) expuestas (…)”.

Sentado cuanto precede, puede afirmarse que González gozó previamente de una excarcelación que fue revocada por el Superior, a lo que se adicionó —con posterioridad a esa decisión— la resolución de su situación procesal en sentido desfavorable a sus pretensiones (y acompañada de prisión preventiva).

En este contexto, el escrito de los letrados no aporta argumentos nuevos que me permitan alzarme contra la resolución que tomó la Cámara Federal de Casación Penal.

Por supuesto, no escapa al suscripto que

(si decidiéramos saltar aquél primer valladar que impone el primer párrafo del artículo 316 del ritual, mencionado ut supra, referido a la prisión preventiva del encartado) el máximo de la escala penal prevista para el concurso de delitos que se atribuye a González no supera los ocho años de pena privativa de la libertad, y el mínimo permitiría que en caso de recaer condena en estas actuaciones, sea de ejecución condicional. Sin embargo, esa norma no zanja la cuestión, pues el artículo 319 del C.P.P.N. establece —como es sabido— que puede denegarse la exención de prisión cuando concurren en el caso riesgos procesales (de fuga o entorpecimiento de la pesquisa). Y eso es, precisamente, lo que acontece en relación a González. Veamos.

Como mencioné precedentemente, al momento de ser excarcelado el imputado aportó como domicilio el emplazado en la casa 24 del “Barrio Baden 1”, en la localidad de Esquel, provincia de Chubut. Se le impuso en esa ocasión, además, la prohibición de mudar el domicilio denunciado y de ausentarse del mismo por un lapso mayor de 24 horas sin dar aviso al Tribunal. No obstante, al constituirse en el inmueble por orden de este Tribunal, la Subdelegación Esquel de la Policía Federal Argentina determinó —el 17 de mayo de 2018, es decir, dos días después de la resolución de la Casación— que González jamás residió allí, sino que se trata del domicilio de su tío (Martiniano Jones Huala), a quien visitaba esporádicamente (ver la declaración del Inspector Leonardo Adrián Caporaletti agregada a fs. 121 del expediente FGR 27423/2017/2, rotulado “Incidente de excarcelación de Lautaro Alejandro González”).

En el mismo orden de ideas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó a fs. 109 de la incidencia mencionada que González declaró ante el Registro Nacional de las Personas un domicilio emplazado en Matienzo 132 de Comodoro Rivadavia, donde tampoco fue habido (ver fs. 261/5).

Finalmente, a fs. 285/7 del incidente de excarcelación citado se glosó el informe confeccionado por la fuerza de seguridad referida en el párrafo anterior, vinculado a los resultados de la interceptación del abonado 294—4815020 (utilizado y aportado como teléfono de contacto por Fausto Horacio Jones Huala). En particular, la P.S.A. destacó un mensaje de texto enviado desde el abonado de Jones Huala el 21/5/2018 —es decir, tres días después de ordenada su detención—, que textualmente decía: “Aparentemente largaron la captura, hoy presentaban los escritos y otros en el juzgado! Varias [adhesiones] a favor nuestro! Por ahora quedémonos piola”. Dicha comunicación se estableció entre el mencionado número 294—4815020 y el 294—4151836, presuntamente empleado por Lautaro Alejandro González

(quien momentos antes había preguntado, por la misma vía, “Mari mari peñi todo bien? Alguna noticia?”). Tales comunicaciones fueron citadas por el Tribunal al disponer la rebeldía y captura de González, oportunidad en la que se destacó que Jones Huala había utilizado el plural (“adhesiones a favor nuestro”; “quedémonos piola”), lo que permitía colegir que estaba conversando con una persona que atravesaba su mismo trance procesal: Lautaro Alejandro González.

Lo antedicho ilustra de sobra, a mi criterio, que concurren en el caso indicadores serios, objetivos y concordantes que sugieren con solidez que existe un aquilatado peligro de fuga en relación a González. Tal como lo señaló la representante del MPF en su dictamen, si bien inicialmente González cumplió algunas de las condiciones de conducta que le fueron impuestas (reitero: evidentemente desoyó —con engaño al Tribunal— aquella referida a anoticiar cualquier cambio de domicilio), dicha sujeción “se mantuvo en tanto y en cuanto las decisiones judiciales resultaron favorables a sus pretensiones. Por el contrario, al momento en el que [la Cámara de Casación Penal] decidió revocar la libertad que le fuera concedida, el imputado optó por abstraerse del accionar de la justicia y mantenerse prófugo desde entonces, hace ya más de un año y dos meses”.

Sencillamente, no advierto a su respecto la “permanente disposición y voluntad de estar a derecho” alegada por los letrados solicitantes. Es que de estar a las constancias de la causa, este pedido constituye la primera manifestación de González en más de un año, plazo durante el cual decidió mantenerse ajeno a la jurisdicción de esta sede.

Finalmente, destaco que el escueto escrito presentado por los profesionales tampoco se expide en relación al presunto arraigo del nombrado (aspecto que hubiera resultado relevante para contrarrestar el peligro de fuga que encuentro verificado en estas actuaciones), que se ha visto aniquilado a partir de su decisión de alejarse intempestivamente del domicilio oportunamente indicado.

Sentado cuanto precede, de conformidad a lo dictaminado por la Fiscal Subrogante y a lo establecido en los arts. 316, 319 y concordantes del

C.P.P.N., es que;

RESUELVO:

NO HACER LUGAR a la exención de prisión de

Lautaro Alejandro González bajo ningún tipo de caución.

Regístrese y notifíquese.

Ante mí:

En    /7/2019, a las      hs., notifiqué mediante cédula electrónica al Dr. Eduardo Néstor Soares. CONSTE.

En    /7/2019, a las      hs., notifiqué mediante cédula electrónica a la Sra. Fiscal. CONSTE.

ESTA ES LA CONTESTACIÓN DE LA GREMIAL DE ABOGADOS

INTERPONEN RECURSO DE APELACIÓN

Señor Juez:

LAURA TAFFETANI y EDUARDO SOARES, defensores de LAUTARO ALEJANDRO GONZALEZ CORUHINCA, en la causa Nro  FGR 27423/17, con domicilios constituidos en autos, a V.S. decimos:

I.-OBJETO

Que en tiempo y forma venimos a interponer Recurso de Apelación contra la resolución que deniega la petición de exención de prisión a favor del imputado.-

II.-EXPRESAN MOTIVOS

La resolución que recurrimos hace mención a varios aspectos que convergerían tanto a favor de la negativa como de hacer lugar a la misma.

Pero el elemento único y determinante que trae el dictamen para rechazar el beneficio es una supuesta sustracción de Lautaro a la acción de la justicia.

Nos es bastante difícil contestar tal afirmación porque si ha habido en el proceso alguien que estuvo y buscó estar a derecho ha sido justamente Lautaro.

Los respetados y esforzados colegas que nos precedieron en la defensa de Lautaro, hicieron lo imposible para que éste pueda estar a derecho, y llegaron hasta la última instancia en la escala de apelaciones.  Hacer más era materialmente imposible.

Realmente estamos hablando de lo mismo?

Realmente consideramos que obstruye a nuestra petición la afirmación de que Lautaro se sustrajo de la Justicia?

Esta representación de la defensa afirma tajantemente que eso no ocurrió de ninguna manera.

Pero mantengámonos antes en algunas de nuestras afirmaciones en nuestro escrito inicial.

Y a tal fin lo mejor para la salud de este proceso es hablar claro y decir lo que en realidad ocurre en ésta causa. Y lo que ocurre tiene que ver con cuestiones de fondo y no procesales.

Lo que queremos decir es que por más que nos limitemos a tratar la exención de prisión de Lautaro como una cuestión puntual y procesal, lo concreto es que por detrás de esto está la verdadera situación que es la infame muerte de Rafael Nahuel y el armado de una causa contra Lautaro Gonzáles y Fausto Jones Huala para justificar semejante atropello.

Y por supuesto que en este sentido conceder una exención a favor de Lautaro iría contra la línea principal del Juzgado y la Fiscalía en consonancia con el poder político que es proteger a los asesinos de Rafael Nahuel.

Entonces se busca un argumento cualquiera como es el decir que Lautaro se sustrajo de la acción judicial.

El tándem Fiscalía Federal y Juzgado Federal trabajando como una sola institución ha venido sufriendo golpes durísimos en la causa del asesinato de Rafael Nahuel y entre esos golpes está el hecho de que ha sido demostrado que  ni Lautaro ni Gonzalo Coña, ni Johana Colhuan, ni el mismo Rafita cometieron delito de usurpación alguno , ni mantuvieron ningún enfrentamiento con las tropas comandadas por el Ministerio de Seguridad utilizando como brazo ejecutor a  la Fiscalía.

Los hechos han demostrado palmariamente que se produjo un acuerdo en autos que no es motivo de esta presentación.

Sin embargo, ahora que Lautaro intenta con toda la dignidad que siempre lo caracterizó presentarse a Derecho y decir su verdad como otros ya lo hicieron, el Juez  y la Fiscal se lo impiden.

Deberían saber los funcionarios involucrados que esta situación no va a durar toda la vida, y la persistencia de Lautaro y lo no menos persistencia de estos defensores integrantes de la Gremial de Abogados es infinita y seguiremos una y otra y otra vez. Ni lo duden.

Los Señores Jueces del Tribunal de Alzada han venido marcando un camino incluso cuando nos hayan rechazado muchas de nuestras pretensiones y está claro que se contrapone con lo que Juez y Fiscal vienen sosteniendo en las distintas causas que se ventilan y se encuentran relacionadas con la que se recurre.

Entonces ahora nos impiden que Lautaro esté a derecho porque pretenden silenciarlo a como sea.  De manera que en lugar de resolver a favor de la “Justicia” o de la “verdad objetiva” (que es lo que ostensiblemente nos enseñan académicamente), resuelven a favor de sus propias conveniencias.    Esto está muy mal.

¿Cuál sería el problema en que Lautaro pueda regularizar su situación y estar a derecho si no fuera por lo que nosotros (con la cruel sinceridad que nos caracteriza) planteamos acá? Por supuesto con las disculpas del caso a los Señores Jueces de la Alzada por nuestra impertinencia, porque sabemos que no les gusta que los defensores salgamos mucho de los límites que las formas nos imponen.

Pero esto que describimos es lo que viene ocurriendo.

Nos recuerda a la interpelación que unos nazis le hacen al gran Picasso respecto de su famoso cuadro “Guernica” donde pinta el genocidio nazi al pueblo vasco.  Le preguntan a Don Pablo “¿Ud hizo esto?”  y él contesta “no, esto lo hicieron Uds”.

Nuestras formas pueden resultar impertinentes pero el contenido es lo que realmente viene ocurriendo. Impedir que un joven esté a derecho por una causa que en el peor de los casos puede resultar con una condena de tres años de prisión en suspenso es un desatino.

Todo esto sin contar con que, sin ninguna duda, con total convencimiento, la Gremial de Abogados podrá desplegar una estrategia de defensa que seguramente será ganadora frente al Ministerio Público si Lautaro tuviera que ser sometido a juicio. Como pareciera que eluden encausar el proceso de forma tal que podamos avanzar hacia otra etapa plantean que se sustraería a la Justicia.

Preguntémonos Señores respetadísimos Jueces de la Alzada si no es lo mejor que Lautaro esté a derecho y pueda ir a juicio por los delitos que se le imputan, en lugar de jugar a las escondidas como acá se está haciendo.

LAS PRUEBAS DE INFORMES POLICIALES O DE INTELIGENCIA

Nos vienen para abono de la tesis de la rebeldía a traernos una intercepción de una llamada telefónica donde una persona (dicen que es Lautaro) le dice a otra (que sería Fausto) que “lo mejor es que nos quedemos piolas”.

Sinceramente nos da vergüenza ajena tener que rebatir estas cosas.

En primer lugar, no tenemos ni idea, (y los sesudos sabuesos que hacen “inteligencia” no nos lo dicen por lo que el Juez y Fiscalía tampoco atinan a probarlo), que esos abonados pertenecen a Lautaro y Fausto. 

En segundo lugar tampoco tenemos constancia alguna que sean ellos los interlocutores.

Y en tercer lugar, cuál sería el problema sería en las frases trascriptas en relación a la resolución que apelamos para evitar hacer lugar a lo que aquí pedimos.

Otro tanto puede decirse de los informes que dan cuenta de que Lautaro no vivía en el domicilio que indicó.

En primer lugar porque esa carga o norma de conducta no estuvo firme y por tanto la obligación contraída es relativa. Lo concreto es que siempre estuvo cuando se lo citó o dicho de otra manera: nunca faltó a una citación, y si así fuera ahora estamos planteando otra cosa.   Pero además nos viene la resolución con que Lautaro tendría un domicilio en el DNI y otro sería el domicilio que dio como lugar de residencia que sería la casa de un familiar.

Nuevamente resulta poco serio tener que considerar esto como un elemento cargoso para con Lautaro que le impide estar a Derecho como peticionamos, situación más que común en la mayoría de los ciudadanos y que ello no conlleva la intención de querer evadir obligaciones o a la justicia.

Pero lo determinante que aquí venimos a afirmar es que esta defensa pone absolutamente en duda los informes policiales, incluyendo los que dicen que Lautaro no estuvo en su domicilio a requerimiento policial.

Si consideramos como las distintas irregularidades con las que se han manejado las Fuerzas de Seguridad en este caso, en relación a los informes que emiten – bien diferente sería si ellos emanaran del personal ligado directamente a la administración de Justicia- no tenemos por qué confiar en sus informes.

De manera, Señores Jueces, que la salud de este proceso enmarañado por donde se lo vea, requiere ir de a poco despejando lo que vaya surgiendo, y entre esto está la situación de este pibe que carece de responsabilidad alguna en el proceso y se le está impidiendo probarlo.

III.-CONCLUSIÓN

Acá hubo un crimen político porque la recuperación de Winkul tiene que ver con reivindicaciones entre una comunidad mapuche y el Estado, (situación absolutamente política) y en ese marco aparece un homicidio y causas armadas a varios jóvenes mapuche.

Lautaro, como Johana y Gonzalo, tiene que tener la misma posibilidad u oportunidad de comparecer a un juicio y defenderse y estamos solicitando que no se lo impidan.

IV.- FORMULAN RESERVA

También aquí hablaremos claro: la Fiscalía tiene una gran ventaja y es que si esta causa sale de la Patagonia y recae en Comodoro Py, el resultado no es difícil de adivinar porque los fallos recientes en ese ámbito han sido sumamente desfavorables a la causa mapuche y de notable influencia del poder político. Obviamente esto no lo ignora la Fiscalía porque ya los esforzados colegas que nos precedieron llegaron a esas costas porteñas absolutamente anti mapuche.

Pero nos vemos obligados de todas formas a formular las Reservas de Casación y Caso Federal con poca esperanza pero por un imperativo procesal cual es llevar esta situación a otras instancias como el Sistema Interamericano entre otras.-

Reservas entonces que venimos a formular expresamente.

V.-PETITORIO

Por lo expuesto, de V.S. pedimos:

1) Se tenga por presentado el Recurso en tiempo y forma

2) Se tenga presente lo expuesto

3) Se haga lugar al mismo elevando las actuaciones a la Alzada

4) Se tenga presente las reservas formuladas

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ver tambien

MENDOZA. El Tribunal Penal Colegiado N°1 de Mendoza hizo lugar al recurso de habeas corpus que presentamos ante la detención y tortura de Federico Gonzalez, ordenando revocar la sentencia que apelamos en primera instancia. Aquí va la sentencia.

LOS HABEAS CORPUS SE PELEAN HASTA EL FINAL. DEJAR SIN APELAR UN HABEAS CORPUS O CEDER SIN …