La lucha por la libertad de los presos de Corral de Bustos se inscribe en la larga lista de combates librados por el pueblo contra las injusticias y la opresión.

Asi es que compartimos esto como un intento de recordar… lo que sigue ardiendo:

Vivimos en sociedades en movimiento, en las que el recurso a la calle es elegido por muy diversos actores en cuanto a edad, educación, filiación ideológica y experiencia política de los “indignados”, alertando contra el peligro de que se afirme una nueva doctrina de penalización de las movilizaciones.

Nos preguntamos por los vínculos entre la protesta callejera, la crisis de representación, así como por las formas de interpelación directa de los responsables políticos, desde el Mayo Francés de 1968 venimos con las manifestaciones callejeras, el cuatro de diciembre de 2018 se cumplieron once años de la “pueblada de Corral de Bustos”, que terminó con el incendio de la sede judicial; mucho camino se ha recorrido y mucho más aún queda por recorrer, la misma tarde de los acontecimientos, un comunicado del Colegio de Abogados de Corral de Bustos que no atenderían profesionalmente a ninguno de los ciudadanos que habían participado en la manifestación, actuando en contra de lo establecido por la Constitución nacional y Constitución provincial, que toda persona es inocente hasta tanto sea declarada culpable, la propia colegiación de abogados actuó en contra de la manda judicial del principio de inocencia, esa misma tarde el por entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia firmó un acta-acuerdo en la Municipalidad en que ninguna de las personas que habían participado en la manifestación serían sancionadas, el original de dicha acta quedó en poder del cura párroco, por cierto, que jamás entregó dicha acta el cura parraco y sí señaló a vecinos que debían quedar detenidos y quienes debían seguir en libertad.

El juicio

Como los manifestantes eran personas en su mayoría sin antecedentes penales, se les imputó el grave delito de fabricación de bombas que tiene una pena entre cinco y quince años de prisión, por lo que se encarcelaron a los vecinos porque la pena mínima superaba los tres años de prisión, pero como dice el dicho “el diablo hace las ollas, pero no las tapas”, el delito de fabricación de bombas es de jurisdicción y competencia federal, no obstante ello, los integrantes del Poder Judicial de la provincia de Córdoba encarcelaron y sobreseyeron a vecinos por hechos que no tenían jurisdicción ni competencia, harto sabido y probado en un mamarrachesco juicio penal realizado en la ciudad de Bell Ville que duró un año, en contra de los vecinos, un tribunal penal integrado por tres jueces, uno de ellos laboralista y otro civilista que sufrió severas llamadas de atención por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba por su actuación como juez (juicio: “Grasso de Boetsch, Angela, y otra c/ Moyano de Volant, María” publicado en La Ley Córdoba año 1992-páginas 24/25)

Aplicaron gravísimas condenas a los inocentes sentados en el banquillo de los acusados, incluso dos de ellos que llevaron en sus espaldas la severa condena de siete años de prisión por el mismo hecho del cual ya habían sido sobreseídos, es decir, que se los juzgó dos veces por el mismo hecho, falta por acreditarse ¿Quién encendió la cerilla fosfórica conque se produjo el incendio? ¿Por qué no se valoró al momento de sentenciar un informe pericial ígneo que no fue impugnado por el fiscal de Cámara, por el Tribunal y por ningún imputado? En que el incendio se había producido por un cortocircuito eléctrico, ni una palabra acerca del dictamen pericial ígneo incorporado legítimamente a la causa.- Empleados de Tribunales y la Policía Judicial que torturaron a vecinos para obtener declaraciones falsas, un fiscal de Cámara denunciado penalmente y con pedido de destitución por acusar con pruebas falsas y por una relación amorosa con una testigo, con varios familiares imputados, se investigó y juzgó a los vecinos que estaban fuera del edificio cuando salía humo del mismo con las ventanas herméticamente cerradas, ¿Por qué no se investigó a quienes estaban dentro del edificio? ¿Quién dio la orden de demolición del edificio antes del juicio?

Números

Según la declamación del Fiscal de Cámara al momento de realizar su alegato la provincia pagó $420.000 al propietario del inmueble incendiado, por cierto que ninguna prueba acompañó al respecto, cuando era sabido que el inmueble no valía más de $200.000, la pregunta es obvia ¿Qué pasó con los $220.000 que se pagó de mas? Nada se investigó.

Y ni qué hablar cuando estaban los inocentes presos en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de la ciudad de Villa María, uno de los detenidos apuñalado en Enfermería, otro sometido a cirugía en que se le extrajo un tumor maligno sin biopsia, se enteró porque el tumor hizo recidiva, los encarcelaron en el pabellón de condenados en vez de estar en el pabellón con procesados, se les impedía asistir a los actos, a cantar el Himno nacional, pero sí algo mejoró en Corral de Bustos, el juez sustituto trucho que había sido designado por el Poder Judicial, reconoció ante los jueces de la Cámara Criminal de Bell Ville que había sido aplazado en el examen ante el Consejo de la Magistratura como juez de Competencia Múltiple, y era tan trucho que cuando renunció como juez fue degradado y trabaja como empleado del Poder Judicial en la ciudad de Oliva, eso sí, con un sueldo de $100.000; así, los ciudadanos de Corral de Bustos pusieron sobre el tapete y sacaron a la luz la delegación de funciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial para que éste designe juez, lo que era absolutamente inconstitucional e insanablemente nulo (art. 13 Constitución provincial).

La legislatura da acuerdo para la designación de jueces (art. 104 inc. 42-Constitución provincial), y quien los designa es el Poder Ejecutivo (art. 144 inc. 9-Constitución provincial), pero he aquí que el juez sustituto de Corral de Bustos aplazado en el Consejo de la Magistratura fue designado única y exclusivamente por el Poder Judicial, de ahí a que el pedido de destitución realizado por el vecino Hector Osvaldo Romani en contra del juez trucho no iba a prosperar, porque no era juez, y por cierto que Romani también estuvo privado de su libertad por graves acusaciones de los empleados del Tribunal de Corral de Bustos que había participado en la pueblada dañando el edificio de Tribunales, etcétera, etcétera, cuando la verdad es que Héctor Osvaldo Romani estaba trabajando como camionero en Puerto Cargill cercano a la ciudad de Rosario-distante 200 kilómetros del lugar de los hechos- no obstante frente a las falsas y mentirosas declaraciones de los empleados de Tribunales conoció la prisión, al ser denunciados los empleados de Tribunales por su falso testimonio, fue rechazada la denuncia porque estaban en estado de zozobra al momento de declarar en sede policial, y dicho estado de zozobra les duró tres meses más hasta que ratificaron sus falsos y mentirosos dichos ante el fiscal de Instrucción.

Como se ve, hoy pasean en Corral de Bustos por la misma vereda, empleados judiciales y policiales torturadores, mentirosos en juicio en contra de imputados inocentes, con quienes injustamente conocieron la prisión por dentro y por hechos que no cometieron.

Al momento de dictarse el veredicto los inocentes ciudadanos ya sabían que irían a prisión, no obstante ninguno se dio a la fuga, siempre “presentes al lado del pueblo” el veredicto se dictó el día lunes doce de septiembre de 2011, y el día jueves anterior ya sabían los vecinos que se había hecho lugar en el pabellón número 9 de la cárcel de Villa María para seis nuevos internos que vendrían de la ciudad de Bell Ville, no fue sorpresa el veredicto, los jueces satisfechos habían cumplido de sobra con su obligación cívica de condenar al pueblo.

La pesadilla recién comenzaba para los que ejercieron una cacería indiscriminada y sin sentido alguno en contra de los vecinos de Corral de Bustos, hasta el día de hoy la causa del incendio del Tribunal de Corral de Bustos no está prescripta y sigue ardiendo.

Se están tramitando recursos ante la Cámara del Crimen de la ciudad de San Francisco planteando la nulidad de todo lo actuado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, además de estar pendiente de resolución una denuncia en la Justicia Federal de la ciudad de Bell Ville por el grave delito de lesa humanidad.

(Del negro Soares para el Diario de Córdoba)

En este Marco. Recordamos y recomendamos el siguiente documental.

El documental:
En diciembre del 2006 a partir de una virtual suspensión del servicio de justicia y la violación y asesinato de una niña de 3 años de edad, la sociedad de Corral de Bustos- Ifflinger, provincia de Córdoba ( AR), reaccionó produciendo una Pueblada Histórica. Así se inició el proceso abordado por este documental.
Producción y entrevistas: Jesús Chirino
Guión y dirección: Sergio Stocchero
Edicion: Gabriela Vera.
Postpodruccion de sonido: Jerónimo & Nadia Piazza.

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